Transparente es aquello que
se comprende sin duda ni ambigüedad. En la vida pública, transparencia
es la obligación de las autoridades y organismos relacionados con el
Estado de realizar sus acciones de forma que puedan ser sometidas a un
control directo. Lo menos que se puede decir es que, en España, la
transparencia es claramente insuficiente, porque no hay forma de
practicar ese control si no existe un acceso inmediato a toda la
información de que disponen esas autoridades.
La realidad es que una parte
no desdeñable de los casos de corrupción municipal y regional detectados
en los últimos meses se hubiera podido evitar con normas que hubieran
obligado a los ayuntamientos y gobiernos autónomos a colgar en Internet
toda la información relativa a los fondos que manejan. Aun así, no hay
forma de que en España se apruebe, de una vez por todas, una ley de las
denominadas Freedom Information Act, que regule esa obligación y fije
los mecanismos para el libre acceso a la información pública.
Los organismos especializados
saben que la mejor manera de atajar la tortura o los malos tratos
policiales no es aumentar las sanciones, sino disminuir las ocasiones y
que lo único que resulta realmente eficaz es la obligación de instalar
cámaras en todas las comisarías e instalaciones policiales. Están
también hartos de explicar que una vez que se ha cometido un acto de
corrupción es prácticamente imposible recuperar el dinero perdido por la
comunidad y que la lucha contra el soborno, la venalidad y la
deshonestidad pública exige medidas previas: es decir, información
previa. Están hartos de decirlo y de demostrarlo con la experiencia de
los países escandinavos, los más transparentes y los menos corruptos.
Las leyes de libre acceso a
la información no son un privilegio para periodistas sino un mecanismo
de protección de los ciudadanos, cada día más necesario. Se trata de
colgar de Internet índices con toda la documentación relativa a
expedientes públicos, actas de reuniones, planes, programas,
correspondencia, dictámenes técnicos, estudios científicos o cualquier
documentación financiada con dinero procedente de presupuestos públicos,
de manera ordenada y accesible, a fin de que cualquier ciudadano pueda
acceder a ella. Seguramente tampoco así será posible acabar con todos
los casos de corrupción, pero es seguro que las sociedades que disponen
de este tipo de legislaciones son capaces de atajar, antes de que se
produzcan, la mayoría de los casos de mal uso de fondos públicos y de
venalidad.
Y mientras que no se apruebe
la ley, quizás los vecinos de algunos ayuntamientos españoles podrían
aprender de lo que ha ocurrido en una pequeña ciudad brasileña, de
330.000 habitantes, llamada Maringá. Aburridos de que durante los años
noventa e inicios de 2000, los fondos públicos fueran desviados y
robados, y hartos de no poder nunca recuperar ni un real de ese dinero
perdido, decidieron tomar el asunto en su mano y no contentarse con la
detención y condena de algunos de los funcionarios implicados. La
asociación comercial, el colegio local de abogados, el centro
universitario, los miembros del club Rotario y del club de Los Leones
crearon una agrupación llamada Sociedad Éticamente Responsable (SER),
que negoció con las autoridades locales el acceso a partir de ese
momento de toda la documentación pública.
Convencidos de que es
indispensable actuar de manera preventiva para impedir la malversación
de los recursos, en sus ratos libres comerciantes, abogados, rotarios o
profesores de Maringá se encargaron de revisar los papeles municipales.
Resultado: no sólo no ha habido casos de corrupción en estos dos últimos
años, sino que en los primeros nueve meses de 2009 el ayuntamiento se
ahorró cinco millones de dólares. Otras 35 ciudades se han apuntado a su
peculiar sistema de libre acceso a la información y la Cepal acaba de
darles su primer premio a la innovación social.